Se modificarán 6 leyes para regular el outsourcing en el país: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.

La Cámara de Diputados recibirá en breve la propuesta del Gobierno federal para regular la figura de la subcontratación o el outsourcing, la cual persigue tres objetivos:

• Evitar que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

• Regular la prestación de este tipo de contratación, siempre y cuando esto no forme parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiada de los mismos.

• La Secretaría del Trabajo formará un padrón que será público, en el que las compañías podrán ver qué tipo de empresas sí están autorizadas para esas tareas.

En materia de servicios y obras especializadas, terceros o agencias podrán intervenir en el reclutamiento, selección, capacitación, entrenamiento de los trabajadores, pero tendrán prohibido contratar en sustitución del patrón de los empleados.

«No puede haber empresas que simulen relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados con otros», explicó Luisa María Alcalde, secretaria del trabajo.

La funcionaria subrayó que la iniciativa no afectará a las empresas que sí cumplen con las regulaciones relacionadas con el outsourcing.

Más de 4.5 millones de trabajadores en México están contratados por esquemas de outsourcing. Si se eliminaba la figura de outsourcing o el modelo de subcontratación en su totalidad, el 80% de ellos; es decir, 3.6 millones, pasarían a la informalidad.

Así, la informalidad pasaría de una tasa de 54.9% a 61% de la población activa… ¡vaya cifras!

El aumento de la informalidad se debe al aumento en costos administrativos. Especialmente en pequeñas y medianas empresas (Pymes), eliminar por completo la práctica llevaría los costos a niveles insostenibles.

El segundo gran riesgo habría sido la pérdida masiva de empleos en caso de que el gobierno no distinguiera entre el outsourcing legal e ilegal.

También está el problema de la inversión, ya que la subcontratación es a veces la única forma de operar en el país debido a la alta carga social.

Sectores como la industria automotriz, la manufacturera, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, entre otros, hacen un uso extensivo de la contratación legal, denominada como outsourcing, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado en el que plantea que la iniciativa de AMLO contra la subcontratación, tal como está planteada, pone en riesgo miles de empleos.

La iniciativa, recién enviada a su análisis a la Cámara de Diputados por parte del ejecutivo federal, desalienta la creación de empleos, opinaron representantes de la cúpula empresarial. 

Al analizar la iniciativa, se percibe que lo que el gobierno trata no es solo evitar la evasión fiscal y de obligaciones laborales, sino eliminar la flexibilidad laboral.

El argumento es que la reforma laboral que se aprobó en noviembre de 2012 incentivó la subcontratación y propicia estas variaciones de fin de año. Pero resulta que, en 2011, la caída del empleo fue de 1.3 por ciento en diciembre y en 2010 bajó 1.5 por ciento. No hay cambio.

Es cierto que se abusó y en ocasiones se empleó como un instrumento para evadir obligaciones fiscales y laborales, pero también permitió una mayor flexibilidad laboral. Como en otros temas, se opta por cancelarla en lugar de regularla.

El gobierno actual pierde de vista que, si se aprueba la iniciativa que conocimos ayer en los términos que viene, lo más probable es que tengamos una caída en la generación de empleo porque se perderá flexibilidad y se aumentarán los costos.

La iniciativa privada se manifestó en contra de la subcontratación ilegal, y resaltó que la legal brinda esquemas de prestaciones laborales para resguardar la salud, patrimonio y seguridad laboral de los trabajadores, y ha resultado ser un vehículo para que empresas internacionales cumplan con las leyes en materia de contratación.

“Hacemos un llamado a los Diputados federales a establecer un nuevo proceso de Parlamento abierto, en el que el sector privado pueda expresar sus puntos de vista y preocupaciones sobre esta iniciativa, y por tanto se puedan hacer las adecuaciones pertinentes para evitar daños mayores al empleo de millones de familias mexicanas”, expuso el CCE en una misiva.

El CCE recordó que ya se tiene una propuesta resultado del consenso, después de las discusiones realizadas por el Senado el año pasado.

“Se alcanzó un consenso entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo”, afirmó el CCE.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mecanismo de subcontratación conocido como outsourcing es equivalente a la “defraudación fiscal”, según lo dicho el jueves al anunciar la iniciativa que se enviará a la Cámara de Diputados, con lo que se presume resolverá “los problemas y abusos” para 4.6 millones de trabajadores.

 “Se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas”, manifestó.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, explicó que a más tardar en diciembre próximo sería aprobada la iniciativa que conjuntará un dictamen para prohibir la subcontratación, que ya estaba aprobado y listo para subirse al Pleno.

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