El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen ilícito.

El lavado de dinero, como cualquier otra actividad delincuencial, es un fenómeno que evoluciona y encuentra nuevas formas de manifestarse. En la actualidad, el gran reto no solo México sino que muchos países enfrentan en el combate a esta actividad, es el uso de las nuevas tecnologías.

A nivel global, existe una organización encargada de desarrollar y promover políticas para combatir esta práctica delincuencial, así como el financiamiento al terrorismo y a su proliferación, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Hablamos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo del que México forma parte desde el año 2000, y que, como señala la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, “monitorea, a través de evaluaciones mutuas, el grado de implementación y cumplimiento de los estándares internacionales que los países deben implementar… conocidos como las 40 Recomendaciones”.

Uno de los avances más importantes que nuestro país ha registrado en materia de controles de prevención de lavado de dinero es la adopción de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.

Lo novedoso de esta legislación es que establece nuevas obligaciones para las empresas y las personas que llevan a cabo actividades vulnerables o actividades susceptibles de que se lleve a cabo el lavado de dinero, como la compra-venta de vehículos, de inmuebles, de joyas o de metales preciosos, entre otras.

La Ley Antilavado genera información que permite hacer cruces mediante la cooperación interinstitucional con el objetivo de identificar actividades que podrían facilitar o permitir el lavado de dinero.

Unos de los puntos básicos de los programas AML a nivel global son exigir a las instituciones financieras la identificación de sus clientes-2 (KYC), como parte de una debida diligencia-1 (Due Diligence) y establecer controles basados en el riesgo y mantener registros e informes de actividades sospechosas. Esta actividad se realiza en un departamento de Compliance-3 (Cumplimiento) en los últimos años ha cogido mucho protagonismo en empresas financieras que, por la presión de algunos gobiernos sobre endeudados se han visto obligados a aplicar los procesos de Compliance de forma más estricta de lo que estaban acostumbrados.

1 Due Diligence es un proceso de investigación y análisis para obtener información sobre las oportunidades y amenazas antes de realizar una adquisición, fusión por absorción o intercambio accionarial con otra empresa.

2 KYC lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de exigencias legales para la prevención de lavado de dinero (PLD), y otras actividades ilícitas.

3 Compliance son esquemas de organización, autorregulación y gestión empresarial encaminados a configurar una persona jurídica sólida y sustentada en la legalidad.