Don Rafael, de 75 años de edad, acudió a la sucursal de su banco para retirar efectivo del cajero automático. Ahí, alguien se acercó a auxiliarlo bajo el argumento de que la máquina no leía de forma correcta su tarjeta y que debía “limpiar” la banda magnética. Don Rafael accedió a recibir la supuesta ayuda. Entregó su plástico sin saber que estaba siendo víctima del fraude conocido como “tallado”.

La estafa consiste en grupos de delincuentes que operan en los cajeros y engañan a los usuarios, sobre todo personas con 60 años o más, para que entreguen sus tarjetas, argumentando que no sirven y se deben “tallar” para una mejor lectura.

Sin embargo, lo que realmente hacen es cambiar la tarjeta. Se entrega al usuario y se le pide que la introduzca al cajero, mientras otra persona observa disimuladamente y obtiene el NIP del cliente. Minutos después, desaparecen con el plástico y rápidamente comienzan a hacer compras.

Don Rafael se dio cuenta muy tarde de que le habían cambiado su tarjeta. Los delincuentes realizaron en minutos un retiro de casi 10 mil pesos y compraron equipo de cómputo por 70 mil pesos.

Actualmente, su caso está en revisión y ya recibió una primera negativa por parte del banco, argumentando que las operaciones se hicieron con la tarjeta de forma presencial, por lo que, de momento, no procede la queja. Ahora, el siguiente paso es acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) y continuar el proceso legal.

La historia de Don Rafael es una de miles que involucran a adultos mayores como las principales víctimas de fraude en servicios bancarios.

Ante el disparo en las operaciones de banca digital en los días de pandemia y las nuevas tendencias de los usuarios, este grupo de la población se quedó atrás en el uso de la tecnología en operaciones financieras.

En ese sentido, se convirtieron en las mayores víctimas de fraude y, hasta ahora, se tienen pocas iniciativas que los incluyan para que puedan realizar sus transacciones y que no se vean rebasados por las aplicaciones móviles, cajeros inteligentes y otros servicios de nueva generación.

De acuerdo con datos de la Condusef, los adultos mayores son el segmento más propenso a sufrir un fraude. Del total de reclamaciones registradas en todo el sistema financiero entre enero y julio del año pasado, 39.8% o 40 mil 184 asuntos correspondieron a personas de 60 años y más, casi el doble en comparación con las 23 mil 401 quejas reportadas en el mismo periodo de 2020.

Los datos de la CONDUSEF muestran que el fraude hacia los adultos mayores es el único que aumenta, debido a que, en el caso de jóvenes y adultos, disminuye.

En particular, las reclamaciones de adultos mayores por un posible fraude en la banca comercial representaron 64.7% del total de quejas entre enero y julio de 2021. Dentro de éstas, las de un posible fraude virtual significaron 25.8%, cuando dos años atrás equivalían a sólo 9.2%, es decir, casi se triplicaron estos asuntos.

“Las reclamaciones por sector o tipo de productos no son iguales tanto por razones de transaccionalidad como de su uso, es decir, del nivel de inclusión», explica el organismo que preside Óscar Rosado Jiménez.

La organización Defensa del Deudor ve necesario un esquema de atención que reconozca la realidad de estos usuarios que, en muchos casos, no cuentan con asesoría personalizada y la última tecnología que aprendieron a usar en servicios financieros fueron los cajeros.

“En la mayoría de los casos, la gente ya mayor que llega con nosotros se encuentra desinformada y no está actualizada. No saben de los beneficios de la aplicación móvil del banco para checar el saldo, por ejemplo. Es un nicho social bastante descuidado”, dijo Ángel González, director general de Defensa del Deudor.

Para el especialista de la CONDUSEF, si bien hacen falta mayores esfuerzos de educación financiera en el país, además del apoyo que deben recibir de sus familiares al momento de realizar sus operaciones bancarias, las instituciones financieras deben voltear con mayor cuidado a los adultos mayores, quienes en muchos casos son personas que tienen su patrimonio en cuentas y debe garantizarse la seguridad de sus recursos.