A nivel internacional existe un debate desde hace algunos años sobre los impuestos y subsidios en el sector turístico: impuestos al hospedaje, derechos cobrados a extranjeros que arriban por vía aérea, impuestos turísticos de carácter ambiental o reducción de las tasas de impuestos al consumo en destinos turísticos.

La mayoría de los expertos y organizaciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial de Turismo (OMT), consideran que independientemente de si contemplan eficiente gravar el turismo, en caso de que un país o una región lo haga, todos los recursos que se recauden por este concepto se deben destinar a mejorar la infraestructura turística y a promover el turismo.

En el caso de México, existen dos gravámenes principales de carácter turístico. Por un lado, a nivel federal se cobra un derecho a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas (DNR: Derecho de No Residentes) y, por otro lado, a nivel local, se cobra un impuesto que grava el hospedaje (impuesto por la prestación de servicios de hospedaje).

En ambos casos, la mayor parte de los recursos recaudados se utilizan para promover los destinos turísticos y la infraestructura turística; sin embargo, existe un gran porcentaje de estos recursos que se utiliza para otros fines como la administración de estos gravámenes o como fuente de ingresos para financiar otros rubros del gasto público.

Pues bien, ahora la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, que busca destinar el 80% de los impuestos federales recaudados por cobro a turistas extranjeros a megaproyectos de infraestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La iniciativa, la cual se avaló en lo general y en lo particular, al rechazar las propuestas de modificación, se envió al Senado de la República.

Una de las reformas aprobadas modifica la Ley Federal de Derechos, para que el 20% de los impuestos cobrados a los turistas extranjeros que ingresan al país se destine al Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que el 80% restante sea para los proyectos y las inversiones bajo responsabilidad de la entidad paraestatal a cargo de determinadas obras.

Dicha constancia tendrá por objetivo “la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole”, según la iniciativa presidencial.

Por otro lado, también modifica la Ley General de Turismo, al derogar que el patrimonio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se integre por el cobro de impuestos a extranjeros.

Durante la discusión de la reforma, diputados de oposición advirtieron que la creación del nuevo fideicomiso se hace sin reglas claras y que al otorgar 80% de los impuestos del cobro a extranjeros a la Sedena se da un “severo golpe al turismo”.

Entre los cambios que también entraran en vigor, se encuentra el decreto que permite a la Sedena operar su propia aerolínea, a través del dictamen modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, en Materia de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

También este decreto reconoce que la Sedena será la encargada de vigilar el espacio aéreo mexicano.

«La Secretaría de la Defensa Nacional por conducto de las personas Comandantes de la Fuerza Aérea, Región Aérea, Base Aérea Militar o Estación Aérea Militar ejercerá sus funciones en materia de defensa aérea», señala el decreto en una de sus partes.

A la par de estas reformas promulgadas, está también el decreto por el que se reforma la Ley General de Bienes Nacionales, que busca evitar grandes pérdidas en la venta de inmuebles propiedad del Estado.