Durante el 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda analizó y supervisó a 124 mil personas por presunto lavado de dinero en México, pero misteriosamente solo bloqueó las cuentas bancarias de 14 individuos, es decir, solo el 0.01 %.

Así lo dio a conocer durante su comparecencia ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario detalló que como resultado de las acciones en contra de esas 14 personas, solo bloquearon 198 millones de pesos en recursos de procedencia ilícita en todo el año, lo cual lo calificó como un desempeño muy pobre durante la pasada administración priista que concluyó el pasado 30 de noviembre.

Expuso que durante este año la Unidad de Inteligencia también recibió en total más de 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero.

Sin embargo, solo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se atendieron únicamente 39 solicitudes del Ministerio Público para investigar los casos.

México cuenta con un sistema financiero sólido, con una regulación sólida, que puede ser perfeccionada en varios puntos. No obstante, esto no se ha traducido en responsabilidades penales ni administrativas por temas relacionados con el lavado de dinero.

Ante este contexto, el funcionario resaltó que el objetivo de la nueva Unidad será incrementar las denuncias penales por lavado de dinero, e incrementar la lista de personas bloqueadas por actividades ilícitas. Para ello, detalló, se necesita lanzar una “estrategia nacional anti-lavado” que deberá cumplir tres objetivos:

– Golpear a las estructuras financieras de la delincuencia organizada, a partir del congelamiento de sus cuentas bancarias.

– Vincular el trabajo de la Unidad con el de la Fiscalía General de la República, ya como un órgano constitucional autónomo, así como con las fiscalías y procuradurías locales.

– Constituir la Unidad de Inteligencia como un coadyuvante de los asuntos que la Fiscalía de la República, y las fiscalías locales, lleven ante las instancias judiciales.

“La corrupción es un fenómeno de carácter transnacional, y, por lo tanto, la vinculación con las unidades a nivel local y federal son la mejor estrategia para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de los grupos delictivos”, recalcó Santiago Nieto.

En el combate a la corrupción, uno de los grandes retos que deberá afrontar la nueva Unidad de Inteligencia de Hacienda es el surgimiento masivo de empresas fantasma, o de empresas fachada: sociedades que no tienen infraestructura real, ni activos, ni personal, pero que emiten facturas apócrifas para simular operaciones comerciales, incurriendo en delitos como el lavado de dinero, la evasión de impuestos, o el desvío de recursos públicos. Por ahora, el combate está siendo poco efectivo, o al menos… lento… muy lento.

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera del nuevo gobierno de López Obrador ya anunció el pasado 6 de diciembre, que presentó ante la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La red de lavado que se investiga involucra una cadena de empresas presuntamente manejadas por familiares del líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, actualmente prófugo de la justicia.

Información pública del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que de las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al CJNG.