El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, indicó que han planteado el caso de manera genérica al gobierno de México, incluido al Presidente, de que la confiscación de empresas privadas «no es una buena forma de atraer inversiones», al referirse contra la expropiación del terreno de la empresa Vulcan Materials en Playa del Carmen.

«Tenemos una empresa, Vulcan Materials, que tiene presencia en Virginia, Tennessee y otros estados del país. Poseen un puerto [Punta Venado] y tierra en México. AMLO ha tratado de apropiarse de ese terreno en dos ocasiones, incluso con invasiones policiales y militares», dijo Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, antes de pedir a Blinken que se comprometa a trabajar “para dejarle claro al gobierno mexicano que apropiarse de la propiedad privada de empresas estadounidenses sería muy malo para esta importante relación que tenemos con México”.

«Creo que esto está sujeto a un procedimiento de arbitraje en este momento”, respondió Blinken, quien añadió que, en todo caso, “le hemos planteado el punto de manera genérica al gobierno de México, incluido al Presidente, de que la confiscación de empresas privadas no es una buena forma de atraer inversiones».

Vulcan Materials, que comenzó a operar en Playa del Carmen hace más de 30 años, bajo el nombre de Calica, mantiene una demanda desde 2018 contra el Estado mexicano. En el recurso, presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), alega afectaciones a su negocio, bajo las reglas del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El presidente Andrés Manuel López Obrador, alega que Calica ha provocado una “catástrofe ecológica” por la explotación de piedra caliza y amenaza con expropiar los terrenos y la terminal marítima de Vulcan, dedicada a la extracción del material pétreo para exportar a Estados Unidos.

En un desplegado, la empresa estadounidense acusó al Gobierno de López Obrador de usar tácticas de “amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones” para justificar el cierre de sus terrenos en Quintana Roo, al sur de Playa del Carmen.

Vulcan Materials afirmó que parte de los productos que comercia en México son vendidos “por debajo de los precios del mercado internacional” y son fundamentales para obras de infraestructura en Quintana Roo como el mantenimiento de los aeropuertos de Cancún y Cozumel.

“Nunca destruimos el paraíso y no hemos afectado cenotes o vestigios como falsa e irresponsablemente se han afirmado”, menciona.

La firma estadounidense negó las acusaciones de López Obrador de que sus actividades en Quintana Roo representan un ecocidio y destacó que sus operaciones han sido “evaluadas, calificadas y debidamente autorizadas”.

La firma resaltó que están abiertos a conseguir una solución “fructífera y amistosa” de su disputa con el Gobierno de México, pero negó que hayan recibido una “oferta generosa” para la compra de sus terrenos.

En su ‘mañanera’ el presidente López Obrador afirmó que el Gobierno hizo una oferta de 2,000 millones de dólares a Vulcan, pero que la propuesta fue “rechazada de plano”.

“Empezaron a hacer presiones en el Congreso, hasta creo que fue el señor (Antony) Blinken al Congreso, y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense”, dijo el 22 de mayo.

La empresa puso en duda los comentarios del presidente horas más tarde. “No tenemos conocimiento de una oferta de 2 mi millones de dólares, y no estamos seguros de a qué se refería en la conferencia de prensa”, dijo la portavoz Janet Kavinoky a Bloomberg News por teléfono.

El cierre de la planta de Vulcan Materials ha impedido a la constructora estadounidense extraer piedra caliza del terreno del que ha sido propietaria durante décadas, y supone otra medida contra los intereses empresariales por parte de López Obrador.

“No queremos traer inversiones a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, dijo el mandatario.

En julio de 2022, el CIADI autorizó a Vulcan a presentar otro recurso relacionado con la clausura que impuso la Profepa a su mina a cielo abierto. La empresa exige una compensación por 1,900 millones de dólares.

No es la primera vez que Blinken alza la voz en torno a este caso. En marzo de 2023, el secretario de Estado dijo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que “la posibilidad de que un caso como este, tenga un efecto paralizante para lograr una mayor inversión o participación de nuestras empresas, al ver lo que está sucediendo con Vulcan debería ser preocupación real para el gobierno de México”.

Blinken dijo estar “muy preocupado por el trato justo hacia nuestras empresas en México, en términos del entorno más amplio en el que están operando, y es algo en lo que nos hemos involucrado repetidamente con el presidente López Obrador, pero también estoy muy preocupado por la situación de Vulcan Materials”.

La semana pasada, congresistas demócratas y republicanos propusieron sancionar a aquellos buques que utilicen puertos arrebatados a compañías estadounidenses, a manera de represalia por la amenaza de López Obrador contra Vulcan.