Para alivio de Santiago Nieto, titular de la Unidad de investigación Financiera (UIF), la discusión legislativa sobre la Ley de Banxico se aplazó hasta febrero, tiempo en que apostará por salvar la perspectiva de México ante el Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI), institución que revisará ese mismo mes los avances de México en materia de lavado de dinero. El funcionario entiende que esta propuesta significa poner en alto riesgo la permanencia del país en esta lista.

La reforma del Banco de México que ha promovido el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, representa un error de graves consecuencias. La medida, cuya tramitación ha sido ahora temporalmente detenida, pretende que los dólares que las instituciones financieras mexicanas no puedan repatriar, sean forzosamente absorbidos por el banco central y que pasen a formar parte de sus reservas internacionales.

Lo que desde el Gobierno y sus representantes parlamentarios se ha presentado como una bien intencionada iniciativa destinada a facilitar el cambio de dólares a pesos para las familias que reciben remesas, oculta una bomba de tiempo para la credibilidad financiera del país.

El primer golpe recaería sobre la autonomía del Banco de México.

La reforma, al imponer a la entidad la obligación de adquirir sin ningún límite los citados remanentes, incide de forma directa en la configuración de su balance. El resultado es una merma de su independencia, un valor consagrado desde 1994 por la Constitución mexicana y que ha permitido al país sortear las veleidades de muchos de sus gobernantes y ganarse una respetabilidad envidiada en Latinoamérica.

Pero no se trata solo de un daño formal o de estructura contable. La carga es de mucha mayor profundidad. Como ha explicado el propio Banco de México, la iniciativa abre las puertas a que dinero de procedencia ilícita, sobre todo del narcotráfico, se expanda por el circuito financiero mexicano y acabe inundando las reservas internacionales de la entidad central. Este contagio, más que probable si se tiene en cuenta el poder zonal del crimen organizado, dejaría al Banco de México a merced de las investigaciones internacionales contra el lavado de dinero y podría acarrearle la congelación de sus fondos.

Las consecuencias serían desastrosas. No solo quedaría dañada la respetabilidad de la principal institución monetaria mexicana, sino que se generaría un peligroso efecto dominó que comprometería la estabilidad financiera. Justo lo contrario de lo que requiere un país que aún sufre los estragos de la pandemia y necesita como nunca de la confianza y la inversión extranjera.

Frente al vértigo que generan estos escenarios, de poco sirve esgrimir la mejora que la reforma traería para los receptores de remesas. Ni siquiera las cifras avalan este supuesto beneficio: el 99,3% de este dinero ya llega por vía electrónica y solo una mínima parte lo hace en efectivo.

Ante el rechazo general cosechado por la iniciativa, el partido del presidente, que hace unos días la aprobó con inusitada celeridad en el Senado, ha decidido ahora retrasar a enero su proceso en la Cámara de Diputados y crear una “comisión bicameral de trabajo” con presencia del Banco de México.

Esta respuesta, que podría ser aplaudida en otras leyes, no basta en este caso. Son demasiados los argumentos y las sospechas que pesan en contra. Bien haría López Obrador en ordenar que la reforma se retirase como paso previo a un verdadero diálogo o, al menos, que se depure de  toda su toxicidad. Seguir adelante tal y como está, mucho más que una necedad, sería una grave negligencia para México.