Millones de personas están en riesgo de perder apoyo económico y acceso a servicios sociales si Nacional Monte de Piedad cierra sus puertas. Esta institución que cumple 250 años en 2025, es mucho más que una entidad financiera “popular”. Es una institución de interés público que invierte todas sus ganancias para beneficio social. Por eso es imperativo que desde la sociedad apoyemos la subsistencia del “Monte”.

Su problemática es insalvable, sobre todo en los tiempos de la 4T, en los que los logros e incrementos en las prestaciones laborales, muy necesarias en un país con altos índices de pobreza, se concretan muchas veces con nulos apoyos o medidas de equilibrio para el empleador, al grado de colocarlos al borde de la quiebra, mientras que el gobierno en turno, sólo se pone la «medallita» del logro.

Incremento de hasta 20% al salario mínimo a partir del 2023, más los 12 días de vacaciones pagadas después del primer año de trabajo, son conquistas que redundarán sin duda en beneficios para la población mexicana.

Pero los sectores económicos, encargados de generar riqueza y empleo, siguen careciendo de incentivos y de motores de desarrollo, con ausencia incluso de inversión pública como detonador, además de que la carga laboral empieza a ser insostenible para un alto porcentaje de las empresas que aún resienten los estragos de la crisis sanitaria.

Tal es el caso de la Institución de Asistencia Privada Nacional Monte de Piedad, cuyo director, Javier de la Calle Pardo, la describe como un pozo sin fondo, en el que los recursos que debían destinarse a unas 500 organizaciones dedicadas a labores altruistas, se dirigen casi en su totalidad a cubrir las prestaciones de 2 mil 500 empleados.

Al no ser una empresa privada con fines de lucro, el Monte de Piedad enfrenta un contexto económico adverso por el crecimiento de la competencia en condiciones desiguales. Por eso necesita renegociar el contrato colectivo de trabajo (CCT)

Se trata de prestaciones como 105 días de aguinaldo, una jornada laboral 30% menor a la legal y siempre diurna, lo que obliga al pago de horas extras para cubrir el turno de la tarde , 60 días de fondo de ahorro, 29 días de salario por prima vacacional, 48 días anuales de premio a la puntualidad y pago de horas extra en casi la quinta parte de la jornada laboral como ya lo mencionamos. Entre otros muchos beneficios, se paga el ISR de ciertos niveles trabajadores ,y en general se les brinda un servicio médico ilimitado.

El escenario es positivo, loable y deseable para todos los trabajadores en cualquier unidad económica del país, pero insostenible en un mercado en el que las 300 sucursales que el Monte de Piedad tiene en el territorio nacional, enfrentan la competencia de otras 10 mil unidades privadas de préstamos prendarios con mejores niveles de rentabilidad.

En la mayoría de esas empresas, el modelo de negocios en realidad funciona como compra de artículos electrónicos y similares, muy por debajo de su valor, disfrazada en forma de préstamo prendario, lo cual por cierto alienta el robo. En contraste, en el “Monte” 9 de cada 10 personas recuperan su prenda empeñada. Y quienes la pierden, recuperan su valor cuando se vende.

Además, al no ser una empresa privada, las “ganancias” se reinvierten en la sociedad. En estos 5 años (2017-2021), ha donado 1,770 mdp, en promedio 354 mdp por año. Estos fondos sirven para apoyar alrededor de 600 organizaciones civiles que prestan servicios educativos, de salud, de desarrollo social, apoyo a damnificados, para beneficiar a 1 millón 627 mil personas en promedio cada año, en casi todos los estados del país. Esto también está en riesgo.

La institución está desahuciada, con el consecuente daño a las casi 2 millones de personas que ven a esta casa de empeño como única opción viable para tener acceso a financiamientos, puesto que el 3% de interés mensual que se aplica en los préstamos del Monte de Piedad no se compara con un promedio de interés del 13% que cobra la competencia.

Tampoco existen indicios de un posible apoyo gubernamental, o de incluso una intervención positiva de la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde. Parece que conviene a esta administración que las opciones de crédito sean cada vez más escasas para la población, a fin de que la única esperanza de recursos sea el propio gobierno, con sus múltiples y mediocres programas del Bienestar.

Es extraño que marcas privadas de casas de empeño experimenten en cambio una bonanza en el presente sexenio, como la firma Globcash de Roberto Arámburo Vázquez, que se prepara incluso para hacer una oferta pública en la Bolsa Institucional de Valores, mejor conocida como BIVA, en los primeros meses de éste año. La marca comercial de Globcash es Casa Mazatlán, con múltiples sucursales en el estado de Tabasco, particularmente en la región de Macuspana. Como dato adicional, Arámburo Vázquez es uno de los propietarios de Personas y Paquetes por Aire SA de CV, una de las aerolíneas “internacionales” que aterrizó en el AIFA el día de su inauguración.

Asi pues, existe un gran número de opiniones a favor y en contra de las mencionadas prestaciones al personal del «monte».

¿Tu que opinas?