La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto a través del cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) regresan a ser empresas del pueblo de México, esto tras la reciente aprobación de la reforma en materia energética por la Cámara de Diputados, la de Senadores y la mayoría de los congresos locales.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, por 86 votos de Morena, PVEM y PT contra 39 del PAN, PRI y MC, y una abstención, el decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para precisar que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán empresas “públicas’’ del Estado.

Las enmiendas establecen que la legislación secundaría habrá de determinar la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, “que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad’’.

También se introdujeron cambios a fin de prever que las funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva en áreas estratégicas como, entre otras, “litio’’ y “servicio de Internet’’, no constituirán monopolios.

Y que tampoco habrá monopolio en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca’’.

El cambio de denominación va más allá de un ajuste estético o ideológico, sino que las responsabilidades financieras del gobierno para con ambas paraestatales cambiarán, por ende las finanzas nacionales se verán afectadas.

Esencialmente, el que en 2013 se convirtieran en empresas productivas propiedad del estado, buscaba separar del gobierno la administración de estas dos compañías, permitiéndoles competir en sus respectivos mercados, lo que obligaría a estas a ser rentables y autosuficientes, o desaparecer eventualmente.

Con la llegada de AMLO al poder y bajo la premisa de la soberanía energética, el cambio realizado en la administración anterior se revirtió de facto. El estado mexicano volvió a sustentarlas con inyecciones de capital y condonación de impuestos. Tan solo a Pemex, se le otorgaron más de 810 mil millones de pesos por medio de aportaciones patrimoniales, estímulos fiscales y otros apoyos durante el sexenio de López Obrador.

Bajo este esquema y desde el 2019 hasta el fin del mandato del expresidente, la petrolera perdió 1.3 billones de pesos, reporta El Financiero.

Ahora, de nuevo tipificadas como empresas públicas, pueden recibir apoyo financiero total por parte del estado, y no limitado, como sucedía con las PEF. Su objetivo como organizaciones también cambia, ya que pasan a buscar el nacionalismo social en lugar de la rentabilidad económica.

Del mismo modo, la jefa de Estado detalló que además se firmó otro documento que tiene que ver con la reforma en materia ferroviaria para usar vías férreas en trenes de pasajeros en el país, mismas que recalcó se manda a las instancias correspondientes toda vez que el Estado hoy en día cuenta con la capacidad de operar dicho transporte.

La reforma del párrafo cuarto y adición del párrafo quinto del Artículo 28 constitucional, establece que los ferrocarriles, tanto para transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

“El Estado Mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares’’, precisa.

Al fundamentar el dictamen ante el pleno cameral, Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que la reforma amplía el uso de los ferrocarriles de carga y transporte de pasajeros con precios accesibles y eficientes para todos.

La coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, anunció el voto de los suyos a favor de la enmienda.