El recorte de recursos para proteger los sistemas informáticos del Ejército hizo posible que el grupo autodenominado Guacamaya sustrajera 6 terabytes de información, que equivalen a 39 millones de páginas de documentos o un millón y medio de fotografías.

Vamos, no fue la filtración de un documento que demuestra el mal estado de salud del presidente de México, fue la vulneración más grave que ha sufrido la institución encargada de la seguridad de este país, ante la imposibilidad de contar con los sistemas, equipos y personal  necesarios para proteger esa información.

Y la respuesta a este grave tema de seguridad nacional no está en una canción de Chico Che o en quemar, como siempre, al mensajero en leña verde. Está en seguir la equivocada ruta que han tomado los recursos públicos en el nombre de una supuesta transformación.

El desvío presupuestal hacia los gastos decididos por un solo hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado un austericidio, palabra que tendrá que incluirse en el diccionario como la condición de dejar sin recursos a rubros de gasto prioritarios de todo un país.

Es evidente que la Secretaría de la Defensa Nacional no contó con el presupuesto necesario para la ciberseguridad y la protección de los datos más sensibles para la seguridad del país. Pero sí ha tenido que emplear una parte importante de sus asignaciones presupuestales para parchar su terminal aérea militar y crear el caprichoso aeropuerto Felipe Ángeles, o el Tren Maya, o el Banco del Bienestar, etcétera.

Hay graves recortes en presupuesto del gobierno mexicano, por ejemplo, en el sector salud, que en un país plenamente democrático llegarían a tipificarse como delitos, no hay medicamentos ni personal médico suficiente, en otros sectores, se acabó con las escuelas de tiempo completo, no hay servicios básicos en los planteles, no hay agua ni consumibles para la enseñanza, inmuebles deplorables, no hay dinero para la ciencia, no hay dinero para las guarderías, no hay recursos suficientes para la seguridad “del pueblo” ante la imparable delincuencia, para apoyos frente a desastres, para el buen funcionamiento de las entidades gubernamentales, y una larga lista más.

La política social se ha torcido de un modelo de servicios, como el Seguro Popular, a un esquema asistencialista de transferencias directas sin control y sin padrones confiables.

El gasto en infraestructura se ha descarado en la asignación de cantidades descomunales para acabar los proyectos faraónicos del Presidente: el aeropuerto de Zumpango, el tren de la selva maya, la refinería de Tabasco. Todos hoy inconclusos o a medio funcionar, y todos con los presupuestos originales rebasados, con la protección a auditorias y rendición de cuentas por considerarse hoy como Proyectos de Seguridad Nacional.

Hay que ver en cambio cómo se deteriora la infraestructura existente. Ahí están las condiciones en las que opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo la autopista México-Cuernavaca opera llena de baches y cada vez con menos tramos de muros de contención, cómo están los salones de clases y las clínicas de salud.

Y en el gasto corriente, el presidente López Obrador aplica lo que le ha dado en llamar la pobreza franciscana que no hace sino hacer más ineficiente la operación de las dependencias públicas y exponer a sus trabajadores a que no haya ni siquiera papel de baño en los sanitarios.

¿Quién puede dudar de lo obscenos que eran los derroches en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Aunque tampoco es muy austero vivir en un palacio, con todo pagado como lo hace López Obrador quien prometió vivir en su domicilio particular, y nos cuesta alrededor de 6 millones de pesos mensuales adicionales.

Pero pasar de la opulencia a la evidente falta de recursos públicos para la operación fundamental y básica del gobierno de un país del tamaño de México, implica un acto negligente…de un austericidio… llamémosle.

Es evidente que la Secretaría de la Defensa Nacional no contó con el presupuesto necesario para la ciberseguridad y la protección de los datos más sensibles para la seguridad del país.

La política social se ha torcido de un modelo de servicios, como el Seguro Popular, a un esquema asistencialista de transferencias directas sin control y sin padrones confiables.

En el gasto corriente el Presidente aplica lo que le ha dado en llamar la pobreza franciscana que no hace sino hacer más ineficiente la operación de las dependencias públicas.

Aclaremos, esto no es un ataque más contra el gobierno actual, es una pequeña mirada a la nueva realidad mexicana.

¿Tú qué opinas?