xtinguir la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque “es un órgano atrofiado” e “incapaz de impulsar el desarrollo rural” dijo.

La intención, de acuerdo con la propia iniciativa presidencial, es “eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y pesquero” y al mismo tiempo, que se “entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria”.

En otras palabras, el gobierno busca eliminar la institución, para controlar y ejercer sus recursos de manera directa, tal y como lo ha hecho con otros fideicomisos ya desaparecidos.

Hay que recordar que el 6 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de distintos ordenamientos para eliminar 109 fideicomisos y fondos.

Con ello, se liberaron 68 mil 400 millones de pesos, que fueron puestos a disposición del gobierno federal y al mismo tiempo se dejó sin apoyo y en incertidumbre a investigadores, científicos, productores, artistas, entre otras víctimas, y ahora productores del campo. Se estima que la medida lastimará al 85% de la cartera de pequeños productores.

La FND que dirigía Baldemar Hernández, era la única institución de primer piso para el campo. Se habla de sustituirla con la Financiera del Bienestar, aún una promesa.

El agro ya resentía la pérdida de fuerza de la FND. Los estados han formado entidades para reemplazarla y Fira de Alan Elizondo ha tratado de atraer algo de esa cartera.

Un tema colateral que también pegará es la pérdida como fuente de fondeo para 310 instituciones de intermediación financiera no bancaria, entre ellas diversas Sofomes. De por sí para ese segmento sus condiciones se han enrarecido por el alza del precio del dinero.

Hasta que comenzó el gobierno actual, la FND mostraba números negros y resultados positivos en el financiamiento a los protectores del campo.

O sea que si la FND se atrofió, lo hizo en este sexenio.

De acuerdo con un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que encabeza Juan Carlos Anaya, los argumentos gubernamentales para desaparecerla, son muy endebles.

Así lo deja ver la comparación de las cifras registradas por la institución, al cierre del sexenio anterior y, las registradas en ésta administración.

El crédito al sector agropecuario en 2017 -de acuerdo la Encuesta Nacional Agropecuaria- era de 9.9% y para 2019 cayó 8.4%.

La falta de recuperación de cartera inició con esta administración que no contaba con el personal suficiente para llevar a cabo las labores de supervisión debido a las políticas de austericidio.

La disminución de la participación de la FND en el mercado de crédito es falsa. En 2014 la participación era del 15.3% y en 2019 era de 16.9%.

Se acusa a la FND de no brindar créditos a productores, pero se deja de lado que organizaciones como ANEC, CNPA, Barzón, Central Campesina Cardenista, entre otras aprendieron a administrar sus créditos y a hacer rentables a sus agremiados.

Desde el punto de vista del GCMA, el cierre de la FND dejará un hueco inmenso ya que la banca comercial, Sofomes, Cajas Populares, y Uniones de Crédito se quedan sin fuente de fondeo para profundizar el crédito en el sector rural.

La salida de la FND del mercado encarecerá el costo del dinero para el único sector que ha crecido durante este sexenio.

Las razones de fondo de la desaparición de la FND, asevera el GCMA, se explica por el menor margen fiscal que tiene el país para desarrollar los proyectos insignia de la actual administración.

Descontando indemnizaciones, castigos de la cartera y otras obligaciones contingentes, pago al BID, quedará un remanente del patrimonio de la institución que contribuirá a financiar programas que no han mostrado efectividad o rentabilidad social.

En conclusión, el aprobarse la iniciativa que extingue a la FND, será un fuerte golpe a los productores pequeños y medianos, los más vulnerables del país.